Uno de los rasgos más singulares de la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero es su inclinación a arriesgar más allá de lo aconsejable para sus propios intereses políticos, aunque éstos no sean ajenos, en ningún caso, a las decisiones que ha adoptado a lo largo de la legislatura. Prueba de ello fue su confesión pública, el mismo día en que disolvió las Cortes, de que su Gobierno había mantenido un postrero contacto con ETA tras el atentado de Barajas para verificar que, efectivamente, la ruptura de la tregua no tenía marcha atrás. Esa información ya había sido publicada y confirmada por el propio Zapatero en una entrevista, así que no parecía haber necesidad alguna de que reconociera de un modo tan personal la existencia de una gestión que contravenía la palabra dada y la literalidad de la declaración del Congreso de mayo de 2005. Pero da la impresión de que aquellas manifestaciones le sirvieron para medir el terreno. Para calibrar, a apenas dos meses de las elecciones y con ETA atentando, hasta dónde alcanzaba la desafección ciudadana ante el frustrado proceso para el final de la violencia. La conclusión es que los socialistas dan por conjurados sus temores al efecto que podría provocar en campaña la mera mención de lo que acabó en fracaso.

Porque es el presidente, y no tanto el PP, quien ha rescatado la cuestión del terrorismo en el debate electoral, antes incluso de la bomba que ayer estalló en Bilbao. Lo ha hecho para reprochar a Mariano Rajoy que no felicitara a las Fuerzas de Seguridad por las últimas detenciones de los etarras que volaron la T-4, para negar que piense reemprender el diálogo con los terroristas y para reivindicar que era su obligación intentar la salida dialogada. El jefe del Gobierno esgrime así de nuevo el cumplimiento del deber como garantía para la legitimidad del proceso fallido y como eximente de responsabilidades. Pero su discurso, una mezcla de actitud defensiva y voluntad de autoafirmación, se enfrenta a una dificultad: cómo superar la contradicción que supone seguir defendiendo las conversaciones con ETA como una opción inevitable para cualquier presidente al que se le presente la oportunidad, mientras se reitera el compromiso de que ya no habrá “en ningún caso un diálogo para el fin” de la violencia. Una promesa que, pronunciada en esos términos, resulta incluso más contundente que lo que plantea el programa del PSOE en materia antiterrorista, y que parecería abocar a la recuperación de los cauces de entendimiento con el PP tras el 9-M. Pero es posible que, en supuesto de reeditar su victoria, Zapatero opte por capitalizar en solitario el acorralamiento policial y judicial de la organización etarra, al margen de los populares pero también de aquel sector del nacionalismo que –como aseveró ayer Joseba Egibar- sigue creyendo que la pervivencia del terror beneficia a los intereses del Estado frente a los supuestos derechos originarios del pueblo vasco.