Hará falta tiempo para verificar que esta campaña ha servido para que Zapatero y Rajoy den por saldadas las cuentas pendientes desde las elecciones de 2004. Ambos dedicaron una parte muy sustancial de sus dos debates a revisar el pasado y a reprocharse mutuamente aquellas actuaciones de las que el adversario puede sentirse menos satisfecho o más cuestionado por el electorado, incluido el propio. Es lo que le ocurre a Zapatero con los fallidos contactos con ETA y, de manera aún más acusada, a Rajoy con la guerra de Irak y los atentados del 11-M, aunque el candidato del PP se está esforzando en el tramo final hacia las elecciones por echar tierra sobre dos asuntos que ya no ofrecen rentabilidad alguna a su partido. Su actitud contrasta con la de su adversario, al que se le percibe incómodo cuando se le interpela sobre su estrategia antiterrorista. Pero que da la impresión de esperar en su fuero interno que la nueva legislatura, tanto si gana como si no, confirme que la debilidad de ETA se ha agudizado también por efecto de su tentativa de solución, aunque fracasara.
Sin embargo, estas semanas están demostrando que el recurso al pasado empieza a estar gastado porque las propuestas de los partidos y sus omisiones están definiendo ya cuál será la agenda política de la próxima legislatura. Aunque la banda terrorista ha pretendido  condicionar la campaña y todavía puede intentarlo, no ha logrado hacerse con un protagonismo equiparable al de los últimos cuatro años. Lo mismo ocurre con el otro gran asunto que ha focalizado la diatriba entre Gobierno y oposición. La cuestión territorial ha sido desplazada de los mensajes centrales de los socialistas, lo que hace difícil su recuperación en el arranque de la nueva legislatura, máxime cuando está pendiente la resolución del Constitucional sobre la reforma catalana y cuando la violencia etarra y, en distinto grado, las aspiraciones soberanistas de Ibarretxe obstaculizan la actualización de los consensos democráticos en Euskadi.
En definitiva, la campaña ha desviado el interés hacia otros asuntos, a veces movida por la realidad circundante –las nuevas dificultades económicas- y otras por la voluntad de los partidos de orientar la atención hacia iniciativas más o menos innovadoras. Es evidente que quien ocupe La Moncloa a partir del domingo deberá centrar buena parte de sus energías en combatir la ralentización en nuestro crecimiento y en aplicar los cuantiosos planes de ayudas y subvenciones a las familias y los distintos grupos de población comprometidos en los programas, en ocasiones –como ocurre con la extensión de las guarderías- de forma coincidente. De igual manera, es posible que el PP pierda las elecciones, pero ha conseguido airear el debate sobre la inmigración hasta el punto de que resultará seguramente insoslayable en la legislatura entrante. Como lo será la profundización de los derechos en materia de igualdad, presente en los diferentes proyectos y de la que el PP no podrá desentenderse tras haber convertido en fetiche a la niña de Rajoy.